De la Vega dice que comprenden la «incertidumbre» que genera la decisión y califica de «ignominiosa y obscena» la reacción del PP
El Gobierno concedió prisión atenuada a De Juana «para demostrar que la vida está por encima de la muerte»El Gobierno decidió conceder la prisión atenuada al preso etarra Iñaki de Juana Chaos «para demostrar que la vida está por encima de la muerte». Así lo aseguró hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, que aseguró que esa ha sido la «motivación exclusiva» de Interior a la hora de adoptar esa determinación, aunque señaló que comprenden la «incertidumbre» que se ha generado.
También tuvo palabras para la reacción de los dirigentes del Partido Popular que calificó de «ignominiosa y obscena» y apuntó que la manifestación anunciada por los populares en protesta por la decisión es una muestra más de su «irresponsabilidad».
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros, De la Vega recordó que la concesión del segundo grado a De Juana fue una medida «escrupulosamente legal» adoptada a la vista de las decisiones de la Junta de Tratamiento, los informes médicos y del Juez Central de Vigilancia Penitenciaria. En todo caso comprende que asunto haya provocado, una «incertidumbre», un «debate social» que el Gobierno «respeta, asume y afronta».
«A diferencia de los terroristas, el Estado de Derecho es magnánimo, aunque tengamos que tomar decisiones que producen rechazo y que son difíciles de entender», afirmó De la Vega que realizó un llamamiento a «todos los ciudadanos de buena voluntad» a los que solicitó «confianza» tanto en las instituciones democráticas como en los procedimientos establecidos, pese a que en ocasiones sea preciso tomar decisiones como esta que genera un «rechazo total». «Pero el sentido de la responsabilidad y la defensa del Estado de Derecho debe primar por encima de otras consideraciones», proclamó. Además, aseguró que los terroristas «nunca vana a ganar la partida a la ley». «Jamás ganarán la partida a pesar de la generosidad, a veces difícil de entender, con la que actúa y debe actuar el Estado de Derecho», proclamó.
De la Vega también quiso «aclarar dudas» y desmentir algunas cosas que se están diciendo y que «no se corresponden con la realidad», como que De Juana queda liberado, «no es cierto, sigue cumpliendo condena en segundo grado», apuntó la vicepresidenta que también desmintió que el Gobierno haya cedido a un chantaje o haya pagado un precio político. «Si hay ley no hay chantaje», replicó De la Vega que lo que sí quiso aclarar es que se trata de una decisión política «porque gobernar es tomar decisiones políticas, para eso nos han elegido los ciudadanos».
Críticas al PP
Respecto a la reacción del PP, De la Vega señaló que el único calificativo que le merecen es el de «ignominiosas y obscenas, democráticamente hablando claro». En cuanto al anuncio de que los populares convocarán una manifestación apuntó demuestra el grado de irresponsabilidad del PP y además dijo que es «una ocurrencia impropia y poco digna de quién es el líder de la oposición, por ciento, el líder de la derecha peor valorado de la historia de la democracia».
Aseguró que el Gobierno «no actúa en función de ninguna decisión que tome o pueda tomar ETA o de Juana» y que aunque ayer Rubalcaba dijo que se trataba de una decisión «personal», De la Vega afirmó que «ningún miembro del Gobierno toma decisiones que no estén respaldadas por el Ejecutivo en el ámbito de sus competencias».
En cuanto al futuro de De Juana cuando se recupere, la vicepresidenta señaló ahora que tiene una prisión de segundo grado con una medida de atenuación por su estado de salud, y cuando abandone el hospital seguirá en su domicilio cumpliendo una pena de la le queda por cumplir un año y medio. «A partir de ahíseguiremos aplicando la ley, y cuando cambien las circunstancias se seguirá aplicando la ley», sentenció.
Gallizo: «No es un beneficio penitenciario»
La que también salió hoy a la palestra para justificar la prisión atenuada de De Juana fue la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que insistió en que la medida «no tiene nada que ver con el concepto de beneficio penitenciario», puesto que no se le ha aplicado un tercer grado sino prisión atenuada y que en el caso de este preso en huelga de hambre «lo primero era salvar su vida». En este sentido aseguró que los informes médicos «eran muy concluyentes» sobre el «riesgo inminente» de que muriese y que en ellos se ha basado la decisión de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Aranjuez, de los jueces y del Gobierno.
Y mientras desde los sindicatos de Policía y Prisiones siguen arremetiendo contra la decisión de Interior. Desde el sindicato de prisiones CSI-CSIF se acusa al Ejecutivo de vulnerar artículo 14 de la Constitución y de la Ley Orgánica General Penitenciaria en el trámite para la aplicación de la prisión atenuada De Juana ya que desde que se pronuncia la Junta de Tratamiento de Aranjuez hasta que decide el juez «transcurren escasísimas horas» cuando el resto de los internos deben esperar, como mínimo uno o dos meses.
Desde la Policía, el Sindicato de Comisarios expresó a través de un comunicado «el profundo sentimiento de frustración y desánimo» que esta decisión genera entre los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Más duro fue el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que afirmó que tras la decisión adoptada ayer Rubalcaba «está desacreditado para representar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
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