La nueva “Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres” (ley de igualdad), publicada hoy, 23 de marzo de 2007, en el Boletín Oficial del Estado, ha cambiado totalmente el marco en el que se desarrolla toda nuestra vida laboral. La decisión, adoptada unilateralmente por la Administración, de incluir en dicha ley la unificación de escalas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y que entrará en vigor mañana mismo, ha dinamitado desde los cimientos todo aquello que, hasta ahora, era considerado por todas las Organizaciones Sindicales como el campo de juego en el que se desarrollaba nuestro trabajo, nuestras inquietudes y nuestros proyectos de futuro para mejorar la situación de los trabajadores penitenciarios a quienes nos debemos.
La Administración, con esta gravísima decisión, ha pasado como una apisonadora por encima de nuestra ley 9/87, de 12 de junio, de “Órganos de Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas” y nos ha negado nuestro derecho (y nuestra obligación ante los trabajadores penitenciarios) en materia de negociación.
El Artículo 32 de dicha norma deja suficientemente claro las que serán materias objeto de negociación entre las Organizaciones Sindicales y la Administración Pública y que en este caso nos afectan gravemente en los apartados c) la preparación y diseño de los planes de oferta de empleo público; d) la clasificación de puestos de trabajo; e) la determinación de los programas y fondos para la acción de promoción interna, formación y perfeccionamiento; g) los sistemas de ingreso, provisión y promoción profesional de los funcionarios públicos; j) Todas aquellas materias que afecten, de algún modo, al acceso a la Función Pública, Carrera administrativa, Retribuciones y Seguridad Social, o a las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos y cuya regulación exija norma de rango de ley y k) Las materias de índole económico, de prestación de servicios, sindical, asistencial y en general cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de las relaciones de los funcionarios públicos y sus Organizaciones Sindicales con la Administración. Incluso en el artículo 34, donde se exponen las exclusiones de la obligatoriedad de dicha negociación, en el punto 2 se dice: “Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización puedan tener repercusión sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos,
procederá la consulta a las Organizaciones Sindicales y Sindicatos a que hacen referencia los artículos 30 y 31.2 de la presente ley”
Sres. responsables de las Organizaciones Sindicales, con representación en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, nos han cambiado las reglas de juego y no nos podemos quedar callados. CSI-CSIF se ofrece, por enésima vez, para que nos pongamos de acuerdo y mantengamos una reunión sin condiciones previas para zanjar lo establecido hasta ahora, empezar desde “cero” y afrontar esta nueva etapa con valentía y con reivindicaciones acordes con esta situación que no ha sido deseada, ni buscada por nosotros, sino impuesta al más rancio estilo dictatorial.
En CSI-CSIF quedamos a la espera de vuestras prontas noticias para acordar la fecha de dicha reunión que esperamos nos aporte soluciones y logros nuevos para los Trabajadores Penitenciarios.
En Madrid a 23 de marzo de 2007
Presidente Nacional del Sector de Prisiones
Responsables de Prisiones del Sindicato UGT, CCOO, ELA, ACAIP, USO y CIG,
La Administración, con esta gravísima decisión, ha pasado como una apisonadora por encima de nuestra ley 9/87, de 12 de junio, de “Órganos de Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas” y nos ha negado nuestro derecho (y nuestra obligación ante los trabajadores penitenciarios) en materia de negociación.
El Artículo 32 de dicha norma deja suficientemente claro las que serán materias objeto de negociación entre las Organizaciones Sindicales y la Administración Pública y que en este caso nos afectan gravemente en los apartados c) la preparación y diseño de los planes de oferta de empleo público; d) la clasificación de puestos de trabajo; e) la determinación de los programas y fondos para la acción de promoción interna, formación y perfeccionamiento; g) los sistemas de ingreso, provisión y promoción profesional de los funcionarios públicos; j) Todas aquellas materias que afecten, de algún modo, al acceso a la Función Pública, Carrera administrativa, Retribuciones y Seguridad Social, o a las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos y cuya regulación exija norma de rango de ley y k) Las materias de índole económico, de prestación de servicios, sindical, asistencial y en general cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y al ámbito de las relaciones de los funcionarios públicos y sus Organizaciones Sindicales con la Administración. Incluso en el artículo 34, donde se exponen las exclusiones de la obligatoriedad de dicha negociación, en el punto 2 se dice: “Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización puedan tener repercusión sobre las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos,
procederá la consulta a las Organizaciones Sindicales y Sindicatos a que hacen referencia los artículos 30 y 31.2 de la presente ley”
Sres. responsables de las Organizaciones Sindicales, con representación en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, nos han cambiado las reglas de juego y no nos podemos quedar callados. CSI-CSIF se ofrece, por enésima vez, para que nos pongamos de acuerdo y mantengamos una reunión sin condiciones previas para zanjar lo establecido hasta ahora, empezar desde “cero” y afrontar esta nueva etapa con valentía y con reivindicaciones acordes con esta situación que no ha sido deseada, ni buscada por nosotros, sino impuesta al más rancio estilo dictatorial.
En CSI-CSIF quedamos a la espera de vuestras prontas noticias para acordar la fecha de dicha reunión que esperamos nos aporte soluciones y logros nuevos para los Trabajadores Penitenciarios.
En Madrid a 23 de marzo de 2007
Presidente Nacional del Sector de Prisiones
Responsables de Prisiones del Sindicato UGT, CCOO, ELA, ACAIP, USO y CIG,
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