Gallizo comparece en el congreso

Europa Press

La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, comparecerá mañana miércoles en el Congreso para explicar los motivos de la destitución de los tres máximos responsables del centro penitenciario de Alcalá-Meco (Madrid I), donde se ha abierto una investigación para comprobar si algunas de las reclusas mantuvieron relaciones sexuales con funcionarios a cambio de favores.
Tras salir a la luz estas supuestas irregularidades, Gallizo solicitó ofrecer las oportunas explicaciones en la Comisión de Interior, donde el PP y el PNV ya reclamaron su presencia ante unos hecho que calificaron de "muy graves", y después de que el sindicato de prisiones CSI-CSIF la responsabilizara de estos incidentes.
Así, la directora general de Instituciones Penitenciarias dará cuenta el miércoles en sede parlamentaria de los sucesos acaecidos en la citada prisión, donde Gallizo no descartó en su día que se produjera abusos sexuales o que se introdujera droga, asuntos que están siendo investigados ante la "extrema gravedad" de los hechos.
HECHOS INACEPTABLES Y DELEZNABLES
Además, justificó la destitución del director de la cárcel, del subdirector de seguridad y del administrador de Madrid I al constatar que no actuaron con "la celeridad necesaria" para responder a comportamientos "inaceptables y manifiestamente deleznables" que presuntamente se habrían cometido en de Alcalá-Meco.
Tras subrayar que el departamento que dirige se ha actuado "con absoluta contundencia y mano dura" tanto con los funcionarios expedientados --al menos dos han sido suspendidos de empleo y sueldo-- como contra los directivos de la prisión, Gallizo quiso dejar claro que los incidentes se hayan producido por la entrada en vigor de la Ley de Igualdad.

¿UGT y CCOO quien se creen que son?

ABC
La marginación de los sindicatos sectoriales y el acorralamiento de CSIF llevaron a UGT y CC.OO. a estrellarse en la huelga de funcionarios, el más notable fiasco sindical que se recuerda
PALOMA CERVILLA / MADRID
Día 13/06/2010 - 04.07h

A UGT y Comisiones Obreras la inmodestia y el afán de protagonismo le pasaron una altísima factura el pasado martes, día en el que querían paralizar a todos los funcionarios de la Administración Pública en una huelga general contra la decisión de Zapatero de bajarles sus salarios , que resultó un rotundo fracaso. Se creyeron capaces de movilizar por sí solos a los empleados públicos, despreciaron la fuerza de otras organizaciones a las que pusieron piedras en el camino para que se alejaran de la convocatoria, como así sucedió, con el fin de rentabilizar sólos el supuesto triunfo. Ese fue su principal error y el eje sobre el que gravitó su derrota.

Méndez y Toxo el día de la huelga
A UGT y Comisiones Obreras la inmodestia y el afán de protagonismo le pasaron una altísima factura el pasado martes, día en el que querían paralizar a todos los funcionarios de la Administración Pública en una huelga general contra la decisión de Zapatero de bajarles sus salarios , que resultó un rotundo fracaso. Se creyeron capaces de movilizar por sí solos a los empleados públicos, despreciaron la fuerza de otras organizaciones a las que pusieron piedras en el camino para que se alejaran de la convocatoria, como así sucedió, con el fin de rentabilizar sólos el supuesto triunfo. Ese fue su principal error y el eje sobre el que gravitó su derrota.
Las claves de este fiasco hay que buscarlas en los preparativos, y si nos remontamos un poco más atrás, al 12 de mayo, cuando Zapatero anunció en el Congreso el «tijeretazo social», como así lo relatan a ABC fuentes sindicales. En ese momento, sólo hubo un sindicato, la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que anunció que convocarían una huelga general. Fue su presidente, Domingo Fernández, quien dijo que irían «sólos o acompañados». En las horas siguientes, nadie se sumó. Los teléfonos de UGT y CC.OO. se habían desconectado extrañamente. Sólo al día siguiente, cuando los líderes Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo se entrevistaron con Zapatero para conocer el contenido del «decretazo», sacaron pecho y anunciaron, sin consultar con nadie, una huelga general para el día 2 de junio.
El «furor huelguista» había surgido de repente. Pero, en su prepotencia, cometieron un error: la CSIF no podía secundar la huelga ese día ya que tenía organizado un congreso nacional, y les advirtió que no contaran con ellos. Como «no se atrevieron ir a la huelga sin nosotros», comentan fuentes de la CSIF, accedieron, en una reunión el 17 de mayo, a cambiar la fecha al día 8. Desde ese momento, la CSIF inició una serie de contactos con otros sindicatos sectoriales para que apoyaran la huelga, cono fueron ANPE (enseñanza), SATSE (enfermería), CEP (Policía) o AEGC (Guardia Civil). El objetivo era animarles a sumarse al paro para conseguir una mejor respuesta de los funcionarios.
Protagonismo
Pero la UGT y CC.OO. no estaban dispuestas a ceder protagonismo y en las reuniones preparatorias comenzaron a poner pegas a su participación, «más o menos le decían que iban a ser convidados de piedra porque no iban a pintar nada». El resultado final fue que poco a poco se fueron descolgando y algunos decidieron no apoyar la huelga. Además, tampoco quisieron sumarse los sindicatos nacionalistas vascos y gallegos.
UGT y CC.OO. habían firmado su sentencia. Pero sin ser conscientes de que iban hacia el suicidio, después de conseguir apartar a los sindicatos sectoriales, apuntaron a su siguiente presa: CSIF. Tan sólo 24 horas antes del inicio de la huelga, le hicieron saber que la manifestación era cosa suya y que sólo hablarían Méndez y Fernández Toxo y le ofrecieron un lugar simbólico en la pancarta principal. CSIF no pasó por ese menosprecio y renunció a ser una comparsa. Acudió a la manifestación, en un lugar discreto, y cuando acabó, se fue a su casa. Luego anunció la ruptura sindical, el final digno de la trampa que le habían tendido los sindicatos de clase que el pasado 8 de junio cosecharon una de las mayores derrotas que se les recuerdan.

Movilizaciones en Prisiones

Los sindicatos ACAIP y CSI-F, mayoritarios en Instituciones Penitenciarias, han convocado para mañana una concentración de funcionarios en la Subdelegación del Gobierno, de 12 a 13 horas, para protestar por la «lamentable» situación de los centros penitenciarios, la «ineficacia» de la Administración y el deterioro de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores y los internos.
ACAIP y CSI-F denuncian que la población reclusa en el ámbito de la Secretaría General se ha visto incrementada en 14.102 internos, al pasarse de 51.914 el 1 de abril del 2005 a 66.016 el 9 de abril del 2010, encontrándose España a la cabeza de Europa cuantitativamente, «sin que se haya adoptado decisión política alguna que permita paliar esta situación». Además, los sindicatos advierten de que las necesidades de personal aumentan de forma considerable , «sin que se haya procedido a incrementar el personal en relación con el incremento de internos, lo que multiplica las cargas de trabajo e impide una prestación adecuada del servicio».
Por último, ACAIP y CSI-F critican la inacción en la que se halla la Administración Penitenciaria ante tal problemática. «No se cometen reformas estructurales necesarias y se incumplen los acuerdos que existen con los sindicatos», apuntan.

Menos altos cargos y asesores si los politicos son unosunutiles que no se presenten a las elecciones

El CSIF considera que el Gobierno tendrá que adoptar más medidas anti déficit
Santiago de Compostela, 3 jun (EFE).- El presidente nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Domingo Fernández, aseguró hoy que el Gobierno deberá adoptar en breve nuevas medidas para reducir el déficit público y dijo que las adoptadas hasta ahora son de "eficacia limitada".
En rueda de prensa y tras participar en Santiago en la apertura de unas jornadas que organiza su sindicato sobre la función pública, Fernández criticó la reducción salarial de un 5% que se aplicará a los empleados públicos y emplazó al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero a "mirar para otro sitio", en caso de verse obligado a adoptar nuevas medidas para rebajar el déficit.
El portavoz de CSIF valoró el empleo público y dijo que "defendiendo nuestra situación laboral estamos también defendiendo los servicios públicos, algo básico en un Estado social, que no es lo mismo que un Estado socialista".
Fernández consideró que la administración pública española es "vieja" y "atrasada" y que no se ha adaptado aún al actual Estado de las autonomías. "A lo mejor no se pueden mantener tantas administraciones duplicando servicios", comentó.
El sindicalista criticó, no sólo la rebaja del 5% de los salarios de los funcionarios, sino también la medida en que va a ser aplicado el decreto, al considerar que "no sólo reduce el déficit a costa de nuestros modestos salarios", sino que su aplicación "va a producir un caos y un agravio comparativo entre las administraciones".
Así, indicó que el Decreto del Gobierno modifica por primera vez la proporcionalidad salarial, "que siempre existió", dijo, y añadió que entre las medidas adoptadas por el Gobierno "se aplica una progresividad que trata los modestos sueldos como si fueran impuestos".
Domingo Fernández calificó de "muy grave" que, con la aplicación del Decreto, las retribuciones complementarias de los funcionarios "van a depender de lo que decida cada Comunidad autónoma o cada Ayuntamiento".
Explicó que de los aproximadamente 2.600.000 empleados públicos que hay en España más de 2 millones dependen directamente de las Comunidades autónomas o de los Ayuntamientos.
Ante esta situación, señaló que "los agravios que ya existían se van a agravar", y dijo no entender que funcionarios que realizan un mismo trabajo perciban diferentes salarios en función de la Comunidad autónoma donde lo desempeñe.
Fernández abogó por reducir el gasto público en conceptos que dependen de las administraciones autonómicas o locales en vez de hacerlo directamente sobre los salarios de los empleados.
Entre otras medidas de ahorro, el presidente nacional del CISF citó la disminución de altos cargos o de personal de confianza de la administración y de las empresas públicas, "que es donde verdaderamente está el gran agujero", sentenció.
Por su parte, el presidente de CSIF en Galicia, José Francisco Méndez Castro, presente también en la rueda de prensa, afirmó que la actual crisis económica es consecuencia del enorme endeudamiento del sector privado español. "El Estado español como tal Estado no está endeudado, quien está endeudado son las familias españolas y la banca", aseveró.
Dijo que los empleados públicos "aparecemos como los chivos expiatorios de todos los males de este país". "Resulta que ahora tenemos que justificarnos por tener un puesto de trabajo estable, que es lo único que garantiza los derechos ciudadanos en las sociedades democráticas, y ahora resulta que eso es delito". EFE.

Muerte de un preso

La voz
Los funcionarios insisten en la muerte accidental de Kaddur

La jueza número 5 de El Puerto ha tomado declaración esta mañana a cuatro funcionarios de la prisión Puerto III, en calidad de testigos, para aclarar las causas de la muerte del joven melillense Fuad Kaddur, preso por delitos de narcotráfico, que falleció en febrero dentro del centro penitenciario.
Según la versión oficial, apoyada en la autopsia del cuerpo, Fuad pereció al ser atrapado por la puerta automática de su celda cuando los internos salían al patio. Al parecer, el joven se retrasó durante unos segundos para coger algo del cuarto y al salir, la puerta se cerró sobre él. Al no contar la puerta con un sistema de seguridad, atrapó a Fuad por el pecho y le causó supuestamente la muerte, aunque también se sospecha que pudiera sufrier un desvanecimiento. Los guardias que han declarado hoy han contado ante la jueza que lo echaron en falta en el patio al ser alertados por un compañero de celda, y al regresar al módulo, lo hallaron ya muerto, atrapado por la puerta. Según esta versión, las cámaras del módulo no captaron el accidente porque la celda se encontraba al final del pasillo y además, el aparato se había desviado hacia al patio.
Los familiares de Fuad, en cambio, sospechan que la muerte del joven melillense no fue accidental, ya que éste -según cuentan- había sufrido amenazas e incluso agresiones por parte de un funcionario de prisiones, al que identifican sólo por 'Don Juan'. "Existen demasiadas casualidades como que fuese el único en no bajar al patio o que se desvaneciese justo cuando se cerró la puerta", afirmaba hoy a este medio el abogado de la familia, Manuel Guerrero, personado en la causa y presente ayer en las declaraciones. El letrado solicitará a la jueza de El Puerto que sume a la instrucción las denuncias por amenazas que la pareja de Fuad Kaddur presentó en los juzgados de Coín en 2009, y que ésta mujer de nacionalidad inglesa acuda a declarar como testigo . También pedirá que comparezcan quienes limpiaron el cuerpo del joven en el rito funerario musulmán, en el que supuestamente hallaron moratones y hematomas que no aparecían en la autopsia.
Esta mañana, el representante del sindicato de funcionarios de prisiones, Juan Carlos Sánchez, que ha acudido también a los juzgados de El Puerto, ha anunciado que pedirá una revisión del sistema de seguridad de las puertas, para evitar nuevos accidentes, y ha querido despejar todo tipo de sospechas en torno a los trabajadores, negando cualquier tipo de agresión: "Nosotros estamos allí para cuidar que los presos se encuentran bien".