Manifiesto

¡SOLUCIONES A LA CRISIS YA! Por un empleo de calidad

Demandamos una coherente política de empleo que fomente la estabilidad laboral

Desde CSI-F denunciamos la actual política socio-económica y la mala gestión ante la crisis que hoy nos ahoga, que deja patente la necesidad de nuevas políticas de sostenibilidad social que contribuyan al relanzamiento de nuestra economía. En este primero de mayo, los trabajadores tenemos buenas razones para sentirnos preocupados por el desenfrenado incremento del desempleo.

Y demandamos nuevas medidas que detengan la destrucción de empleo, mejorando las prestaciones sociales que actualmente reciben los desempleados.

Consideramos que las ayudas públicas deben revertir directamente en las empresas, y en los trabajadores.

Censuramos el retraso, por parte de todas las administraciones, en cumplir sus compromisos económicos con las empresas que ejecutan las obras públicas.

CSI-F exige que se deje de atacar al trabajador en general, con medidas que puedan provocar precariedad en las condiciones de trabajo y empleo, tales como despidos, congelaciones salariales, ERES, aumento en la edad de jubilación, aumento de la jornada laboral, etc, etc, etc.

En la Función Pública CSI-F apuesta por el diálogo social con las distintas administraciones y denunciamos el actual oscurantismo y la falta de negociación colectiva por parte del gobierno central y de la mayoría de los gobiernos autonómicos.


CSI-F exige que se deje de atacar a los empleados públicos, haciéndonos pasar por los culpables de la crisis y vendiendo falacias como que:

“Hay muchos empleados públicos, sobran la mitad”

Ø ¿De verdad sobran los seiscientos mil profesores que forman a nuestros jóvenes en aulas muchas veces masificadas?
Ø ¿Sobran los quinientos mil trabajadores sanitarios que atienden nuestra salud y que son insuficiente para evitar las listas de espera?
Ø ¿O sobran los trabajadores de los Juzgados, que no dan abasto para conseguir una Justicia rápida?
Ø ¿O sobran los agentes que velan por nuestra seguridad en las calles, incapaces, por su escaso número, para hacer frente debidamente a la elevada tasa de delincuencia?

Lo que sobran son, en cualquier Ministerio, Autonomía o Ayuntamiento, los infinitos Altos Cargos; los Asesores nombrados a dedo, con sueldos medios que triplican los de cualquier funcionario; los miles de coches oficiales, de alta gama; los gastos superfluos en viajes, ferias y eventos, en Consejos de empresas públicas o semipúblicas. Que alguien haga las cuentas y comprobará que aquí es donde se puede reducir el gasto público.



“Hay que congelarles el sueldo.”

Ø Desde la última congelación salarial de 1997, durante 10 años seguidos hemos perdido poder adquisitivo puesto que la tasa de inflación siempre ha sido superior a la prevista del 2%.
Ø Para un año, el del 2008, que se equivocan a nuestro favor, no vamos a pedir perdón.

“Son unos privilegiados que tienen el puesto de trabajo seguro”

Ø La estabilidad del funcionario es la mejor garantía de unas administraciones públicas profesionales, neutrales y eficaces.






Fdo: José Ramón García
Secretario Nacional de Acción Sindical

MUFACE

MUFACE -Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado tiene abierto el plazo para renovación y Nueva Adjudicación durante el año 2009 de las Ayudas Sociosanitarias
Dirigidos a atender necesidades derivadas de distintas situaciones de dependencia y diferenciados de acuerdo con el colectivo específico al que van destinadas las ayudas:

1. Ayuda para la dependencia (BOE 79. 1/04/2009).
- Ayudas para estancia en residencias asistidas.
- Ayudas para asistencia a centros de día y de noche.
- Ayudas para apoyo domiciliario.
- Ayudas para servicio de teleasistencia domiciliaria.
- Ayudas para cuidados en el entorno familiar

2. Ayudas para facilitar la autonomía personal (BOE 79. 1/04/2009)
-Ayudas para mantenimiento y potenciación de la capacidad residual.-Ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas
-Ayudas para medios técnicos.

3. Ayudas para colectivos específicos (BOE 64. 16/03/2009).
- Ayudas para atención a personas drogodependientes.
- Ayudas para atención a enfermos psiquiátricos crónicos
- Ayudas para estancias temporales en Residencias asistidas o en centros de día y de noche

4. Ayudas de atención social a mayores (BOE 64. 16/03/2009).
- Ayudas podología básica
- Ayudas termalismo social

Reducción de pensiones por discapacidad

CSI-CSIF se opone a la reducción de las pensiones de los Funcionarios de clases pasivas con discapacidad



El actual Gobierno, a nuestro parecer, con la disposición decimotercera y decimosexta del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, atenta contra los legítimos intereses de los Funcionarios de clases pasivas, al producirse un recorte social que tiene efectos importantes en las pensiones de los Funcionarios con discapacidad que se verán mermadas en un 25% si el Funcionario lleva menos de 20 años trabajados en la Administración, y aún así la disposición decimosexta aclara que, cuando el interesado no esté incapacitado para desempeñar otro trabajo, se podría compatibilizar el cobro de la pensión con el salario de otro trabajo siempre que sea distinto al que venía desempeñando al servicio del Estado.

En este supuesto, y mientras dure esta situación, el importe de la pensión se reduciría al 75% de la correspondiente cuantía, o al 55%, si el interesado hubiera cubierto menos de veinte años de servicios al momento de su jubilación.

Por todo lo anteriormente expuesto y por considerar que se produce con esta medida un recorte social y un paso atrás en los derechos adquiridos de los Funcionarios, desde CSI-CSIF pedimos se retiren la disposición decimotercera y decimosexta del Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado.

En Madrid a 20 de octubre de 2007

Carta al Presidente de ACAIP

Madrid, 07 de septiembre de 2008


Sr. D. José Ramón

Presidente Nacional de la
Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias
ACAIP
Apartado de Correos, 7227
28080-MADRID

He estado ojeando tu revista del mes de septiembre este fin de semana y, sinceramente, me parecía que habías hecho algo honorable hasta que llegué a la página 20. Leí con atención tu artículo titulado: “Pillados una vez más en otra de sus manipulaciones”, a lo largo de cinco páginas (15,62% de la revista). Sobre ese artículo tengo la obligación de decirte lo siguiente:

PRIMERO- Mi escrito, que publicas en la página 20, tiene fecha de 19 de mayo, en él se reitera otro anterior de fecha 17 de abril y existe un tercero con fecha 03 de julio, sin embargo a ninguno de ellos recibí contestación. De haber recibido contestación, estaríamos hoy en otro escenario.

Tú conocías perfectamente la sinceridad de mis intenciones en aquellos momentos. Hasta el 20 de mayo (publicado posteriormente en el B.O.E. del 06 de junio) no se ratificó, por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (MGNAGE), el acuerdo de una simple Mesa de Trabajo del 20 de diciembre de 2007.

Por tanto solamente el 03 de julio (fecha del tercer escrito) se conocía la ratificación y la publicación en el B.O.E. y a pesar de todo acababa mi escrito con: “Las cosas están cambiando, sin embargo, aunque pequemos de pesados, volvemos a deciros que en CSI-CSIF estamos dispuestos a recibir vuestras inquietudes de la forma que creáis más conveniente y estamos dispuestos a contar con vosotros en aquello que estiméis oportuno”

Hoy día la ley ordena constituir una Mesa de Negociación Delegada de la MGNAGE para Instituciones Penitenciarias y con la connivencia de la Secretaria General estás consiguiendo un retraso que perjudica gravemente a los trabajadores penitenciarios. Mientras no se constituya dicha Mesa Delegada no tenemos marco de negociación y por tanto no tenemos donde solucionar los graves problemas que padecemos.

Sin embargo, tengo que reconocer que admiro tu estrategia, no dudas en aprovechar un escrito para intentar desviar la atención de los trabajadores penitenciarios (como en muchas otras ocasiones) de los verdaderos problemas que padecemos: Las funciones, el nivel mínimo 18, la grave falta de personal, el hacinamiento de todos los centros penitenciarios, la ley de cuerpos, la jubilación anticipada, la diferencia salarial con nuestros compañeros de Cataluña, etc…

SEGUNDO- También conoces perfectamente mi posición ante el nivel mínimo 18 para los Funcionarios de Instituciones Penitenciarias: “firmaríamos mañana mismo el nivel mínimo 18, si existiera algún documento que firmar”

Conocías ya cuando lo firmabas, febrero de 2008, que aquel acuerdo con la hoy Secretaria General era una nube para acallar y tranquilizar a los trabajadores penitenciarios ante las cercanas elecciones generales y que por nuestra parte (prisiones) no hubiera problemas para la Sra. Gallizo. Sabias perfectamente que nunca llegaría el nivel 18.

Sin embargo tengo que reconocer de nuevo que admiro tu estrategia: Echamos la culpa a CSI-CSIF (no es la primera vez, ni será la última) de no conseguir el nivel 18 porque presentó una demanda en defensa de sus derechos sindicales a estar presente en la discusión del nuevo organigrama, que por cierto, visto que ha acabado en la basura, hemos desistido de acudir al Contencioso Administrativo hace ya meses.

CUARTO- Hablas de liberados sindicales. Aunque no te guste, yo sé que también conoces que en CSI-CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) somos cerca de 150.000 afiliados, que tenemos una muy fuerte implantación en las tres Administraciones Públicas y una incipiente pero importante presencia en la Empresa Privada, que mantenemos abiertas al público sedes en todas las provincias españolas incluso en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ¿No te parece que las comparaciones son odiosas?

Aunque, como dices, vuestros estatutos contemplan la liberación, siempre has tenido a gala no tener liberados en tu organización. Por eso mismo un solo liberado institucional ya son demasiados.

QUINTO- Sobre la formación hablas de arbitrariedades con las que los hemos dado, utilización como arma arrojadiza contra los compañeros, coacción para obtener votos y afiliados, que nos hemos hecho con voluminosos expedientes para pisotear la carrera administrativa de otros compañeros, etc…, en fin una retahíla de barbaridades inadmisibles de ninguna manera, pero sobretodo sabiendo que estas barbaridades están escritas y publicadas por unos sindicalistas contra otros en una revista.

Te podría hacer una interminable lista de trabajadores penitenciarios que pueden presentar certificados de asistencia, gratuitos, a cursos de Formación Continua organizados por CSI-CSIF y que a día de hoy siguen estando afiliados a vuestro sindicato. Desde aquí aseguro a todos los trabajadores penitenciarios que, como es obligado legalmente, lo seguiremos haciendo, es decir, seguiremos seleccionando a compañeros para los cursos de Formación Continua que organice CSI-CSIF, gratuitamente, aunque no sean afiliados a nuestra organización.

Ya sé que vuestra forma de “arreglar esto” es cobrando 60 € a los no afiliados. Hay un refrán muy sabio, como casi todos, que dice “lo que no está estropeado, no lo arregles” y menos cobrando de forma ilegal a los trabajadores.

SEXTO- No entiendo los motivos por los que has permitido publicar este artículo. Es una sarta consciente de mentiras, muy mal intencionadas y un descarado intento (te repito que los trabajadores penitenciarios no son tontos) de manipulación de los trabajadores inimaginable en cualquier otra organización sindical del ámbito de Instituciones Penitenciarias.

SEPTIMO Y ÚLTIMO- Desde aquí y en este momento, te ruego encarecidamente que des instrucciones a tu equipo para que, en todos vuestros escritos, por encima de todo, se respete a las personas que tenemos la importante encomienda de los trabajadores para defender sus intereses. Esa ha sido siempre mi máxima, solo te pido lo que yo mismo hago. Creo que tanto tú como yo representamos a nuestros afiliados y votantes y nos debemos a todos los trabajadores penitenciarios, por tanto, nos lo hemos ganado y, al menos, nos merecemos ese respeto en su nombre.

Recibe un saludo,






Fdo.: Francisco-Gil
CSI-CSIF. Presidente del Sector Nacional de II.PP.

Carta a la Ministra del MAP de ccoo,csif y ugt

Estimada Ministra:

El diálogo social que se estableció en la pasada legislatura entre el Gobierno y las Organizaciones Sindicales representativas en el ámbito de las Administraciones Públicas, mediante la suscripción de la Declaración para el Diálogo Social en fecha 21 de septiembre de 2004, permitió alcanzar un número importante de Acuerdos en materias tan esenciales como la conciliación de la vida familiar y laboral, la reducción de la temporalidad, la equiparación de las pagas extraordinarias al salario real mensual, el establecimiento de Fondos Adicionales y Plan de Pensiones en la Administración General del Estado y, fundamentalmente, en la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo contenido ha supuesto la democratización definitiva de las Administraciones Públicas en nuestro país.
Dichas medidas contribuyeron decididamente a dignificar y profesionalizar la figura del empleado público y sus condiciones de trabajo y, en consecuencia, a mejorar la calidad de los servicios públicos para el conjunto de la sociedad.
A la vista de lo anterior, y considerando el contexto actual, estimamos imprescindible seguir avanzando en el camino iniciado y así reforzar e impulsar el diálogo con los interlocutores sociales, de conformidad con la Declaración para el Diálogo Social, suscrita con el Gobierno el pasado 29 de julio, al objeto de desarrollar materias que han quedado pendientes de concreción e incorporar nuevas iniciativas en el marco de las Administraciones Públicas.

Por ello, las Organizaciones Sindicales firmantes del presente escrito, estimamos imprescindible la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas a fin de retomar e impulsar el Diálogo Social iniciado en la anterior legislatura sobre las materias que, básicamente, a continuación se indican:

1.- Desarrollo y concreción de aquellas iniciativas pendientes derivadas de la Declaración para el Diálogo Social firmada en fecha 21 de septiembre de 2004, entre las que se encuentran fundamentalmente:

Dimensionamiento adecuado de la Oferta de Empleo Público.

Agilización de los procesos de selección, promoción y carrera profesional, posibilitando a su vez procesos de movilidad voluntaria tanto entre distintas Administraciones como de forma global entre todos los ámbitos territoriales.

Impulso de la aplicación de la Disposición Transitoria 4ª del EBEP sobre consolidación de empleo

Revisión de los contratos que provocan temporalidad no causal

Eliminación de la tasa de reposición de efectivos en Ayuntamientos menores de 100.000 habitantes.

Constitución de un Observatorio del Empleo Publico.

Mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos para incrementar la calidad de los servicios públicos.

Valoración de la reducción de la jornada laboral y del establecimiento de la jornada a tiempo parcial.

Impulso y fomento de la Formación Continua vinculándola a la promoción, carrera profesional y adecuación de los perfiles profesionales a las nuevas necesidades de las Administraciones Públicas.

Estudio de formulas que permitan compensar la ausencia de cotización por formación profesional de los funcionarios no acogidos al régimen general de la Seguridad Social.

Inicio de un proceso de negociación para el desarrollo del Estatuto de la Función Pública de la AGE.

Aplicación al conjunto de funcionarios de lo regulado en la Ley General de Seguridad Social para la jubilación flexible y anticipada parcial y estudiar los criterios esenciales para el establecimiento de un plan de jubilación anticipada para colectivos específicos, teniendo en cuenta las necesidades de las Administraciones Públicas y los derechos de los empleados.

Negociación de una norma básica sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos.
- Negociación de acuerdo sobre los servicios esenciales en caso de huelga en AAPP
- Aplicación del SIMA en las AAPP
Adecuación de las limitaciones retributivas previstas en la normativa de incompatibilidades.

Modificación de la norma que regula la información contenida en las Relaciones de Puestos de Trabajo, en lo que a perfiles se refiere.

Elaboración de criterios generales que delimiten los sectores cuya actividad se reserva a los empleados públicos, las condiciones de prestación de servicios externalizados y las relaciones entre partes.

Revisión de la normativa de adaptación de la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de las Administraciones Públicas.

Revisión del régimen legal de la Función Publica Local referida a la jornada de trabajo, evitando la actual remisión que hace esta normativa a la Administración General del Estado.


2.- Establecimiento de los criterios básicos de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público e impulsar Leyes de FP en las Comunidades Autónomas y Reglamentos de Ceuta y Melilla, entre otros:

Promoción y carrera Profesional
Evaluación del Desempeño
Clasificación y Grupos Profesionales, adaptación a los criterios de Bolonia y Copenhague de los grupos profesionales del EBEP.
- Aplicación en las AAPP del Acuerdo sobre cualificaciones
- Finalizar definición del acceso a los grupos profesionales
Formación y cualificaciones profesionales
Modelo Retributivo

3.- Definición de aquellas otras materias que resulten necesarias para posibilitar el establecimiento de criterios de referencia para el adecuado desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en el conjunto de las Administraciones Públicas

4.- Establecimiento de políticas de igualdad y modificaciones sobre conciliación y violencia de género

5.- Análisis y definición del acoso moral en el trabajo

6.- Mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos

7.- Definición de criterios sobre responsabilidad social corporativa de las Administraciones Públicas y sostenibilidad.


8.- Acuerdo general sobre criterios e incremento de aplicación del Plus de Residencia.
9.- Aplicación de la figura de la Jubilación parcial.
10.- Impulso a la Comisión Técnica del personal del Servicio Exterior.

11.- Aquellas otras iniciativas que, en el marco de las Administraciones Públicas, contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios públicos y de las condiciones de los empleados públicos.

Un cordial saludo,

subida salarial para el 2009

DE PALACIO / R. M. SÁNCHEZMADRID

Parece que el Gobierno va a resistir las dos mayores tentaciones presupuestarias en periodos de crisis: recortar el gasto social y, la que ahora temían los sindicatos, congelar los sueldos de los empleados públicos. El ministro de Economía, Pedro Solbes, prometió a CCOO y a UGT que ninguna de estas dos medidas se adoptará en los presupuestos del 2009 y que el gasto aumentará un 3,5% este año.Además, el ministro dijo ayer a los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, que este porcentaje subirá hasta el 4,5% cuando se sumen los 1.500 millones adicionales que prevé aportar el Estado al desempleo para cubrir el aumento del gasto en prestaciones por el crecimiento del paro.Otra preocupación de UGT y de CCOO era que Solbes pusiera trabas a los compromisos que el Gobierno socialista adquirió en la legislatura pasada respecto a la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios. El ministro explicó ayer que, "en este contexto de crisis, el Gobierno podría congelar los sueldos de los funcionarios".El capítulo 1 de los presupuestos, donde se incluyen los salarios públicos, es uno de los más gravosos para el Estado. Pero finalmente, Solbes despejó temores y garantizó que el Gobierno cumplirá los acuerdos en materia de revalorización salarial de los empleados públicos.NEGOCIACIÓNLos sindicatos han pedido a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, una subida en el 2009 próxima al 5%, sumando el IPC previsto (2%), la cobertura de las pagas extras (1%), los fondos adicionales (0,37%), la aportación al fondo de pensiones y una cláusula de revisión salarial. Estos incrementos aún deben fijarse en la mesa de la función pública.Sin embargo, Solbes descartó que esté previsto incrementar la oferta de empleo público, lo que provocó las críticas de los secretarios generales. También Méndez fue muy duro con la postura del ministro respecto a la subida del salario mínimo interprofesional. Aunque el Gobierno mantiene que en el 2011 alcanzará los 800 euros, los incrementos se modularán en función de la evolución de la economía. Méndez insistió en que esta idea no le convence porque el salario mínimo afecta a un colectivo muy sensible y Economía deberá justificar su postura.En cambio, las centrales manifestaron su satisfacción con las garantías de que el gasto social y el gasto productivo crecerán según lo previsto en los presupuestos.Pero los empresarios no se mostraron tan contentos ya que, según aseguraron, las inversiones quedarán congeladas y, si crece la deuda pública o el déficit, corre el riesgo de disminuir respecto al 2008.El secretario de Estado de Economía, David Vegara, puntualizó que la inversión en infraestructuras --la productiva-- crecerá por encima del 4,5%, aunque el conjunto de las inversiones puedan subir menos.

Absuelto Jefe de Servicios en Sevilla

La Fiscalía de Sevilla y la acusación particular han decidido no recurrir la sentencia que absolvió a un jefe de servicio de la prisión Sevilla II de dar un trato degradante a dos presos, por lo que el juez declarará firme su absolución. Fuentes del caso informaron ayer a Efe de que la Fiscalía, que pidió seis años de cárcel para el funcionario J.A.A.C., ha decidido no recurrir por la dificultad de que la Audiencia anule una sentencia que se basó en la apreciación personal del juez de lo Penal, al dar más credibilidad a los testigos de descargo que a los dos presos denunciantes. Por su parte, fuentes de la acusación particular que ejercieron la Asociación pro Derechos Humanos (APDH) y la asociación de lucha contra la droga Liberación indicaron que, a las anteriores consideraciones, unen el riesgo de que, si pierden la apelación, sean condenadas a pagar todas las costas judiciales. En mayo pasado, el juzgado penal 1 de Sevilla absolvió al funcionario de dos delitos de trato degradante a otros tantos presos, uno de los cuales denunció haber sido presionado para aplicarse una lavativa, con objeto de expulsar la droga que llevaba en el recto, y otro dijo haber sido desnudado y sometido a humillaciones. El juez se basó en que debe prevalecer el derecho a la presunción de inocencia del acusado porque la única prueba en su contra era el testimonio de los reclusos, contradicho en el juicio por todas las demás testificales de sus compañeros de trabajo, el subdirector médico y el director de la cárcel. En el juicio, el funcionario negó haber aplicado una lavativa al preso M.G.S. o haberle amenazado, él mismo o alguno de sus compañeros, con hacerlo si no expulsaba la droga voluntariamente. Sí que le advirtió, en cambio, de que podía ponerle en aislamiento hasta que evacuara las dos bolas de hachís, de 6 y 14 gramos, que el 24 de marzo de 2004 se había introducido en el recto tras un encuentro vis a vis.En cuanto al segundo delito contra la integridad moral que le imputó el fiscal, cometido supuestamente el 2 de mayo de 2004 al obligar al preso A.M.N. a desnudarse, hacer flexiones y tocarse los genitales, la sentencia consideró demostrado que ese día no estaba trabajando. Relacionado con estos hechos, otros cuatro funcionarios serán juzgados los días 24 y 25 de noviembre próximos por presionar al preso para que retirara su denuncia por la lavativa y por falsear un parte de cacheo. En este caso, el fiscal acusa sólo a tres funcionarios, para quienes pide 6 años de cárcel. La Fiscalía asegura que el preso que había denunciado el trato degradante fue sorprendido el 2 de abril de 2005 por el acusado fumando droga en los servicios del módulo 6. El fiscal pide además tres años de cárcel para los funcionarios J.L.M.M. y J.M.M.P., que firmaron un supuesto parte de cacheo falso.