Carta a la Ministra del MAP de ccoo,csif y ugt

Estimada Ministra:

El diálogo social que se estableció en la pasada legislatura entre el Gobierno y las Organizaciones Sindicales representativas en el ámbito de las Administraciones Públicas, mediante la suscripción de la Declaración para el Diálogo Social en fecha 21 de septiembre de 2004, permitió alcanzar un número importante de Acuerdos en materias tan esenciales como la conciliación de la vida familiar y laboral, la reducción de la temporalidad, la equiparación de las pagas extraordinarias al salario real mensual, el establecimiento de Fondos Adicionales y Plan de Pensiones en la Administración General del Estado y, fundamentalmente, en la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, cuyo contenido ha supuesto la democratización definitiva de las Administraciones Públicas en nuestro país.
Dichas medidas contribuyeron decididamente a dignificar y profesionalizar la figura del empleado público y sus condiciones de trabajo y, en consecuencia, a mejorar la calidad de los servicios públicos para el conjunto de la sociedad.
A la vista de lo anterior, y considerando el contexto actual, estimamos imprescindible seguir avanzando en el camino iniciado y así reforzar e impulsar el diálogo con los interlocutores sociales, de conformidad con la Declaración para el Diálogo Social, suscrita con el Gobierno el pasado 29 de julio, al objeto de desarrollar materias que han quedado pendientes de concreción e incorporar nuevas iniciativas en el marco de las Administraciones Públicas.

Por ello, las Organizaciones Sindicales firmantes del presente escrito, estimamos imprescindible la convocatoria urgente de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas a fin de retomar e impulsar el Diálogo Social iniciado en la anterior legislatura sobre las materias que, básicamente, a continuación se indican:

1.- Desarrollo y concreción de aquellas iniciativas pendientes derivadas de la Declaración para el Diálogo Social firmada en fecha 21 de septiembre de 2004, entre las que se encuentran fundamentalmente:

Dimensionamiento adecuado de la Oferta de Empleo Público.

Agilización de los procesos de selección, promoción y carrera profesional, posibilitando a su vez procesos de movilidad voluntaria tanto entre distintas Administraciones como de forma global entre todos los ámbitos territoriales.

Impulso de la aplicación de la Disposición Transitoria 4ª del EBEP sobre consolidación de empleo

Revisión de los contratos que provocan temporalidad no causal

Eliminación de la tasa de reposición de efectivos en Ayuntamientos menores de 100.000 habitantes.

Constitución de un Observatorio del Empleo Publico.

Mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos para incrementar la calidad de los servicios públicos.

Valoración de la reducción de la jornada laboral y del establecimiento de la jornada a tiempo parcial.

Impulso y fomento de la Formación Continua vinculándola a la promoción, carrera profesional y adecuación de los perfiles profesionales a las nuevas necesidades de las Administraciones Públicas.

Estudio de formulas que permitan compensar la ausencia de cotización por formación profesional de los funcionarios no acogidos al régimen general de la Seguridad Social.

Inicio de un proceso de negociación para el desarrollo del Estatuto de la Función Pública de la AGE.

Aplicación al conjunto de funcionarios de lo regulado en la Ley General de Seguridad Social para la jubilación flexible y anticipada parcial y estudiar los criterios esenciales para el establecimiento de un plan de jubilación anticipada para colectivos específicos, teniendo en cuenta las necesidades de las Administraciones Públicas y los derechos de los empleados.

Negociación de una norma básica sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Colectivos.
- Negociación de acuerdo sobre los servicios esenciales en caso de huelga en AAPP
- Aplicación del SIMA en las AAPP
Adecuación de las limitaciones retributivas previstas en la normativa de incompatibilidades.

Modificación de la norma que regula la información contenida en las Relaciones de Puestos de Trabajo, en lo que a perfiles se refiere.

Elaboración de criterios generales que delimiten los sectores cuya actividad se reserva a los empleados públicos, las condiciones de prestación de servicios externalizados y las relaciones entre partes.

Revisión de la normativa de adaptación de la legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales al ámbito de las Administraciones Públicas.

Revisión del régimen legal de la Función Publica Local referida a la jornada de trabajo, evitando la actual remisión que hace esta normativa a la Administración General del Estado.


2.- Establecimiento de los criterios básicos de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público e impulsar Leyes de FP en las Comunidades Autónomas y Reglamentos de Ceuta y Melilla, entre otros:

Promoción y carrera Profesional
Evaluación del Desempeño
Clasificación y Grupos Profesionales, adaptación a los criterios de Bolonia y Copenhague de los grupos profesionales del EBEP.
- Aplicación en las AAPP del Acuerdo sobre cualificaciones
- Finalizar definición del acceso a los grupos profesionales
Formación y cualificaciones profesionales
Modelo Retributivo

3.- Definición de aquellas otras materias que resulten necesarias para posibilitar el establecimiento de criterios de referencia para el adecuado desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público en el conjunto de las Administraciones Públicas

4.- Establecimiento de políticas de igualdad y modificaciones sobre conciliación y violencia de género

5.- Análisis y definición del acoso moral en el trabajo

6.- Mantenimiento del poder adquisitivo de los empleados públicos

7.- Definición de criterios sobre responsabilidad social corporativa de las Administraciones Públicas y sostenibilidad.


8.- Acuerdo general sobre criterios e incremento de aplicación del Plus de Residencia.
9.- Aplicación de la figura de la Jubilación parcial.
10.- Impulso a la Comisión Técnica del personal del Servicio Exterior.

11.- Aquellas otras iniciativas que, en el marco de las Administraciones Públicas, contribuyan a la mejora de la calidad de los servicios públicos y de las condiciones de los empleados públicos.

Un cordial saludo,

subida salarial para el 2009

DE PALACIO / R. M. SÁNCHEZMADRID

Parece que el Gobierno va a resistir las dos mayores tentaciones presupuestarias en periodos de crisis: recortar el gasto social y, la que ahora temían los sindicatos, congelar los sueldos de los empleados públicos. El ministro de Economía, Pedro Solbes, prometió a CCOO y a UGT que ninguna de estas dos medidas se adoptará en los presupuestos del 2009 y que el gasto aumentará un 3,5% este año.Además, el ministro dijo ayer a los líderes de UGT y CCOO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, que este porcentaje subirá hasta el 4,5% cuando se sumen los 1.500 millones adicionales que prevé aportar el Estado al desempleo para cubrir el aumento del gasto en prestaciones por el crecimiento del paro.Otra preocupación de UGT y de CCOO era que Solbes pusiera trabas a los compromisos que el Gobierno socialista adquirió en la legislatura pasada respecto a la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios. El ministro explicó ayer que, "en este contexto de crisis, el Gobierno podría congelar los sueldos de los funcionarios".El capítulo 1 de los presupuestos, donde se incluyen los salarios públicos, es uno de los más gravosos para el Estado. Pero finalmente, Solbes despejó temores y garantizó que el Gobierno cumplirá los acuerdos en materia de revalorización salarial de los empleados públicos.NEGOCIACIÓNLos sindicatos han pedido a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, una subida en el 2009 próxima al 5%, sumando el IPC previsto (2%), la cobertura de las pagas extras (1%), los fondos adicionales (0,37%), la aportación al fondo de pensiones y una cláusula de revisión salarial. Estos incrementos aún deben fijarse en la mesa de la función pública.Sin embargo, Solbes descartó que esté previsto incrementar la oferta de empleo público, lo que provocó las críticas de los secretarios generales. También Méndez fue muy duro con la postura del ministro respecto a la subida del salario mínimo interprofesional. Aunque el Gobierno mantiene que en el 2011 alcanzará los 800 euros, los incrementos se modularán en función de la evolución de la economía. Méndez insistió en que esta idea no le convence porque el salario mínimo afecta a un colectivo muy sensible y Economía deberá justificar su postura.En cambio, las centrales manifestaron su satisfacción con las garantías de que el gasto social y el gasto productivo crecerán según lo previsto en los presupuestos.Pero los empresarios no se mostraron tan contentos ya que, según aseguraron, las inversiones quedarán congeladas y, si crece la deuda pública o el déficit, corre el riesgo de disminuir respecto al 2008.El secretario de Estado de Economía, David Vegara, puntualizó que la inversión en infraestructuras --la productiva-- crecerá por encima del 4,5%, aunque el conjunto de las inversiones puedan subir menos.