Empieza el cierre de módulos de mujeres

Malestar por el cierre del departamento de mujeres

CSI-CSIF reivindica que se mantengan los derechos adquiridos por las 25 funcionarias

BEGOÑA PICOS/EL PUERTO
El traslado del departamento de mujeres del centro penitenciario Puerto II a la prisión anexa y objeto de miras en cuanto a su evolución en los próximos meses por la larga lista de deficiencias infraestructurales que presenta, parece ser un hecho y podría ser en el mes entrante cuando se procedería al citado cambio de ubicación.

Esta actitud no ha sentado del todo bien a las mismas funcionarias ni a colectivos sindicales como CSI-CSIF, que solicitan que si finalmente Instituciones Penitenciarias confirma este movimiento, se negocien y mantengan las condiciones y los derechos de estas trabajadoras, al mismo tiempo que solicitan a la responsable de este organismo, Mercedes Gallizo, que no haga caso omiso a la petición enviada por la que “en virtud de la ley 11/1985 de libertad sindical han de ser informados de todos aquellos cambios que se produzcan”. Hasta el momento, tan sólo existe la confirmación oficiosa del directivo del centro acogedor en cuestión, Francisco Sanz.

Así, según ha podido saber este medio, la razón que explica el traslado de este departamento respondería a la instalación de un centro de integración social o una comunidad terapéutica similares al cercano de Jerez. También se baraja la posibilidad de un módulo de respeto.

No obstante, la reivindicación latente por parte del sindicato es que se mantengan los privilegios de las 25 o 20 funcionarias trasladadas, ya que las opciones encomendadas son muy pocas. Si bien la llegada a Puerto III puede ser una vía de salida, a pesar de que eso conllevaría dejar el anterior centro en el que tenían arraigo y trabajo consolidado. Por otra parte, quedarse en Puerto II supondría tener que desempeñar sus funciones en módulos contemplados para trabajadores del sexo contrario.

Así, este grupo de trabajadoras que obtuvieron en su día su plaza de trabajo con destino perenne en el centro penitenciario Puerto II podrían verse perjudicadas si tuvieran que acogerse a un nuevo régimen de trabajo.Una posible evolución negativa en cuanto a las condiciones salariales, dependiendo de la categoría del centro en la que presten sus servicios profesionales.
CSI-CSIF indica que la marcha podría ser forzosa y sin alternativas, a pesar de los primeros augurios que señalan que tendrían libertad de elección a su medida. Ante el cúmulo de indecisiones piden a Interior que se les tome en cuenta y se le den a las afectadas por dicha modificación una explicación cuanto antes.

Primer examen cuerpo de ayudantes

El primer examen de la fase de oposición para acceso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, se realizará el 9 de septiembre. La oposición se celebrará en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se concede a los aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para la subsanación de errores u omisiones que hubiese en las citadas listas.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen el error u omisión, justificando su derecho a estar incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas selectivas.

Frente a los actos de exclusión definitivos dictados, los aspirantes podrán interponer potestativamente recurso de reposición ante esta autoridad convocante en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución o ser impugnada directamente ante el órgano jurisdiccional competente, pudiendo interponerse en este caso recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución, conforme a lo previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Primer ejercicio:
Consistirá en la evaluación de la aptitud de los aspirantes para obtener un adecuado rendimiento profesional, mediante pruebas que midan factores aptitudinales. La duración de esta prueba, será la que resulte necesaria técnicamente para la realización de los test.

La calificación de esta prueba, será de «Apto» o «No Apto». Los calificados de «No Aptos», quedarán excluidos del proceso selectivo.

Los aspirantes que en la convocatoria correspondiente a la Oferta de Empleo Público del 2006 hubieren superado el primer ejercicio con la calificación de «apto» y no aprobaran la oposición, estarán exentos de realizar este ejercicio en la presente convocatoria.

Asimismo, los aspirantes que superen el primer ejercicio en esta convocatoria, estarán exentos de realizar tal ejercicio en la prueba inmediatamente posterior para el ingreso en el cuerpo al que aspiran, siempre y cuando fuese idéntico en cuanto a contenido y valoración.

Unificación de escalas

El Partido Popular hace caso a las indicaciones de CSI-CSIF prisiones y presenta una proposición no de ley para paliar la chapuza de unificación de escalas que han hecho para Instituciones Penitenciaras



El PP pide en el Congreso que la vigilancia de los presos en las cárceles se encargue a funcionarios del mismo sexo

MADRID, 5 (ATB NOTICIAS)

El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que solicita al Gobierno que articule planes de trabajo en las cárceles para que en los puestos de trabajo de vigilancia directa de los reclusos siempre haya funcionarios del mismo sexo. Según argumenta, la "diferenciación" en las escalas masculina y femenina permitirá garantizar la "seguridad" en el trabajo de los funcionarios y también salvaguardar el derecho a la intimidad de los presos.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el partido de Mariano Rajoy recuerda que la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres incluye una disposición adicional que establece la unificación de la escala masculina y femenina del cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

Esa unificación, explica el PP, está "provocando la protesta de las trabajadoras de prisiones" por dos razones. En primer lugar, porque "atenta contra el derecho a la intimidad de los internos", ya que éstos se encuentran recluidos dentro de los módulos residenciales en las prisiones, siendo la celda su lugar de residencia y en la que se desarrollan sus actividades íntimas, "con lo que la presencia de funcionarios de distinto sexo perturbará el buen funcionamiento de su vida en prisión".


EVITAR POSIBLES AGRESIONES SEXUALES DE INTERNOS.
En segundo lugar, el Grupo Popular señala que la presencia de trabajadoras de distinto sexo en actividades íntimas de los internos "puede causar problemas graves de seguridad, propiciar denuncias falsas contra el derecho a la intimidad, así como agresiones sexuales y físicas por parte de los internos".

Por todo ello, y tras recordar la denuncia que han realizado los funcionarios afectados, el PP insta al Ejecutivo en esta proposición --que se debatirá en comisión-- a dictar los reglamentos oportunos que recojan la articulación de los planes de trabajo en prisiones, la diferenciación de escala masculina y femenina en los puestos de trabajo de vigilancia directa con el fin de garantizar el buen funcionamiento y la seguridad en el trabajo de los funcionarios".


Desde CSI-CSIF seguimos luchando por tus derechos

Amenazas a Trabajadores Penitenciarios

Interior extrema la seguridad de los funcionarios de prisiones
La Secretaría de Estado alertó del riesgo de atentados de ETA dos días después del regreso de De Juana Chaos a la cárcel

MELCHOR SÁIZ-PARDO/COLPISA. MADRID

La Audiencia Nacional condenó ayer a 30 años de cárcel el ex jefe militar de ETA José Javier Arizkuren 'Kantauri' por haber ordenado el asesinato del dirigente socialista Fernando Múgica, que el 6 de febrero de 1996 murió en el centro de San Sebastián de un disparo en la nuca.

El tribunal considera probado que el 12 de enero de 1996 el ex jefe etarra ordenó a los responsables del 'comando Donosti', Javier García Gaztelu 'Txapote' y Valentín Lasarte, que matasen a Múgica de forma inmediata para no coincidir con la campaña electoral.
La sala indica que en dos juicios anteriores quedó probado que el comando esperó al abogado socialista en la calle, y que después de las 13.30 horas 'Txapote' se aproximó por su espalda y le disparó en la cabeza mientras el resto de terroristas esperaba en el coche o le cubría la retirada.

Lejos de San Sebastián
El tribunal califica el delito como inducción al asesinato terrorista y considera que está probado, entre otros elementos, por los informes de inteligencia de las fuerzas de seguridad y por la confesión de Lasarte. Los magistrados también prohíben a 'Kantauri' que se acerque a San Sebastián o a cualquier otro lugar en el que residan la viuda y los hijos de Múgica en los seis años siguientes a que abandone la cárcel y le obliga a indemnizarlos con 300.000 euros.

La Audiencia también notificó la condena de Amaia Urízar, novia del actual jefe militar de ETA, Garikoitz Azpiazu 'Txeroki' y de otros trece jóvenes como miembros del grupo de captación de la banda. El tribunal les impuso penas de entre 5 a 2 años de cárcel por colaboración con ETA. Sólo Urízar y otros tres procesados volverán a prisión, para cumplir los dos años que les faltan. Cinco de los acusados han sido absueltos. El Ministerio del Interior ha extremado las medidas de protección de los funcionarios de prisiones ante el riesgo de que ETA se haya fijado como objetivo atentar contra este colectivo, golpeado ya en otras ocasiones por los terroristas. El secretario de Estado para la Seguridad remitió un télex a las direcciones adjuntas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el que alertó de la posibilidad de que la banda trate de atacar «durante el itinerario» de algún convoy de los que llevan a los trabajadores penitenciarios. En ese documento dispuso nuevas medidas de seguridad para proteger estos traslados.

La circular de Camacho fue redactada el 8 de junio, sólo dos días después de que el etarra Ignacio de Juana Chaos volviera a la cárcel de Aranjuez por orden de Interior tras haber estado recuperándose en un hospital de San Sebastián de su huelga hambre. El escrito fue entregado a las fuerzas de seguridad apenas 48 después de que la banda armada diera por terminado su alto el fuego permanente. La alerta antiterrorista sobre los funcionarios de prisiones también coincidió con el décimo aniversario de la liberación de José Antonio Ortega Lara.
Refuerzo de los controles

Tras las instrucciones de Interior, policías y, sobre todo, Guardia Civil han reforzado las escoltas durante los traslados de funcionarios y se han intensificados los controles e inspecciones en las inmediaciones de las prisiones y en las carreteras de acceso a los centros penitenciarios. Efectivos de los servicios de Información han establecido por su parte dispositivos de contravigilancia para detectar posibles informadores etarras en los itinerarios.Además, la dirección de Prisiones ha renovado las instrucciones sobre autoprotección para los funcionarios y ha recordado la necesidad de variar rutinas.

Los analistas de Interior, que reconocen no tener datos concretos sobre la preparación de un atentado, apuntan a que la banda terrorista pueda golpear a los funcionarios de prisiones como forma de mostrar su enfado después de que el Gobierno, durante los catorce meses de alto el fuego, no haya hecho un solo gesto en política penitenciaria. Por ello, los responsables de las fuerzas de seguridad insisten en que la alerta está «directamente relacionada» con el 'caso de De Juana' y con amenazas del entorno de ETA a funcionarios, vertidas tras su regreso a prisión.

Piden siete años a funcionario de prisiones, por hacer su trabajo

La acusación particular ha pedido 7 años de cárcel para un funcionario de Sevilla-II, acusado de un delito contra la integridad moral de dos presos, a uno de los cuales aplicó una lavativa y a otro obligó a desnudarse y a sujetarse sus órganos genitales. Fuentes del caso informaron a Efe de que la acusación particular imputa al funcionario dos delitos graves contra la integridad moral, por los que pide 3 años y medio de cárcel por cada uno, con la agravante de abuso de superioridad. En su calificación de los hechos, solicita además para el procesado, J. A. A. C. -ahora destinado en otra prisión andaluza- una inhabilitación para ejercer como funcionario de prisiones durante 3 años y medio.

La acusación le imputa un primer hecho ocurrido presuntamente el 24 de marzo de 2004, cuando el funcionario presionó a un recluso para que accediera voluntariamente a aplicarse una lavativa con el objetivo de que expulsara unos objetos que se había introducido en el recto tras un vis a vis con su novia. Tras conseguir que el interno "accediera viciadamente" a dicha lavativa, "le obligó a que extrajera de entre sus heces, sin guantes ni medida higiénica alguna, los objetos expulsados". El otro delito ocurrió el 2 de mayo, cuando el acusado intervino un objeto punzante a un preso y le ordenó desnudarse, que realizara flexiones y se sujetara sus genitales.