La Razón

La banda marca el camino

Pablo Planas


El mantenimiento del «alto el fuego permanente» tras haber matado a dos personas y provocado un agujero en el aeropuerto de Barajas en el que cabría la catedral de la Almudena no sólo es una muestra de desfachatez siniestra. Casi dos semanas después del atentado, ETA se anticipa a la posibilidad de que los dos principales partidos españoles se reúnan de nuevo en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. El recuerdo de los higiénicos efectos de ese acuerdo infunde en los terroristas y en su brazo político casi tanto temor como la eficacia policial y el rigor judicial. Ante la perspectiva de la unidad política, ETA ha reaccionado con una nota que merece pasar a los anales de la infamia. Enterrados los cuerpos de Palate y Estacio, culpan a la policía de no haber desalojado a tiempo el aparcamiento, versión de lo ocurrido que en términos clínicos encajaría en los síndromes relacionados con la oligofrenia. Humeantes las ruinas de la T-4, conceden el mantenimiento del «alto el fuego» como una demostración de generosidad política con la que persiguen facilitar el retorno de Batasuna a la política, elevar el grado de discrepancias entre el PP y el PSOE y mantener alta la moral de un disminuido sector de la sociedad vasca que aún cree que ETA no quería provocar muertos ni en Barajas ni, por ejemplo, en Hipercor. Una lectura lógica de todos los datos sobre ETA desmiente esa voluntad de no causar víctimas, como el hallazgo en Atxondo de material para confeccionar bombas lapa, el robo de las pistolas, etc., etc.

Si el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantiene sus consideraciones sobre la falta de credibilidad de la banda terrorista, los cabecillas de ETA deberán hacer algo más que mandar panfletos al diario «Gara». Una verdadera muestra de buena voluntad sería el establecimiento de un calendario para entregar las armas y los explosivos, para negociar el futuro penitenciario de sus presos y para dejar en manos de partidos políticos que condenan sin matices la violencia aquellas iniciativas políticas que supongan, de entrada, la aceptación de un marco legal y territorial plenamente democrático, precisamente como el actual. Todo lo demás son maniobras de distracción, alpiste para los ingenuos y cuartelillo para los seguidores del teorema de los árboles y las nueces. Precisamente el hecho de que el extenso comunicado esté redactado íntegramente en euskera revela que no es un mensaje para el «público en general», sino las nuevas directrices para la parroquia abertzale en la línea de lo de siempre: la culpa es del Gobierno, del PSOE, del PNV de Imaz (sutil distinción, dentro de lo que cabe), de los policías y del profundo sueño de dos ecuatorianos que no deberían haber estado donde estaban.

Puede que los partidarios de explorar cualquier vía, por tramposa que sea, hacia la paz encuentren en las últimas palabras de ETA un motivo para la esperanza, pero tras lo ocurrido el 30 de diciembre, sería una muestra objetiva de empecinamiento en el error. A ETA, superada por la historia, sólo le cabe la desaparición si es que sus terroristas aspiran alguna vez a llevar una vida extramuros de las prisiones. La obstinación criminal en negociar con los explosivos debajo de la mesa, las pistolas, encima y cadáveres frescos debe ser respondida con dignidad democrática y coraje político. En el actual contexto, ETA no lleva sin matar más de tres años sino tan sólo dos semanas, lo que debería ser suficiente para exigir algo más que una somera declaración de intenciones. Reemprender las negociaciones y los contactos en las presentes condiciones sería tanto como jugar a la ruleta rusa con un revólver cargado con cinco balas. La nota etarra debería animar a los partidos democráticos a profundizar en los consensos básicos, institucionalizar los contactos permanentes y a responder a los terroristas con ingentes dosis de unidad.