Amenazas a Trabajadores Penitenciarios

Interior extrema la seguridad de los funcionarios de prisiones
La Secretaría de Estado alertó del riesgo de atentados de ETA dos días después del regreso de De Juana Chaos a la cárcel

MELCHOR SÁIZ-PARDO/COLPISA. MADRID

La Audiencia Nacional condenó ayer a 30 años de cárcel el ex jefe militar de ETA José Javier Arizkuren 'Kantauri' por haber ordenado el asesinato del dirigente socialista Fernando Múgica, que el 6 de febrero de 1996 murió en el centro de San Sebastián de un disparo en la nuca.

El tribunal considera probado que el 12 de enero de 1996 el ex jefe etarra ordenó a los responsables del 'comando Donosti', Javier García Gaztelu 'Txapote' y Valentín Lasarte, que matasen a Múgica de forma inmediata para no coincidir con la campaña electoral.
La sala indica que en dos juicios anteriores quedó probado que el comando esperó al abogado socialista en la calle, y que después de las 13.30 horas 'Txapote' se aproximó por su espalda y le disparó en la cabeza mientras el resto de terroristas esperaba en el coche o le cubría la retirada.

Lejos de San Sebastián
El tribunal califica el delito como inducción al asesinato terrorista y considera que está probado, entre otros elementos, por los informes de inteligencia de las fuerzas de seguridad y por la confesión de Lasarte. Los magistrados también prohíben a 'Kantauri' que se acerque a San Sebastián o a cualquier otro lugar en el que residan la viuda y los hijos de Múgica en los seis años siguientes a que abandone la cárcel y le obliga a indemnizarlos con 300.000 euros.

La Audiencia también notificó la condena de Amaia Urízar, novia del actual jefe militar de ETA, Garikoitz Azpiazu 'Txeroki' y de otros trece jóvenes como miembros del grupo de captación de la banda. El tribunal les impuso penas de entre 5 a 2 años de cárcel por colaboración con ETA. Sólo Urízar y otros tres procesados volverán a prisión, para cumplir los dos años que les faltan. Cinco de los acusados han sido absueltos. El Ministerio del Interior ha extremado las medidas de protección de los funcionarios de prisiones ante el riesgo de que ETA se haya fijado como objetivo atentar contra este colectivo, golpeado ya en otras ocasiones por los terroristas. El secretario de Estado para la Seguridad remitió un télex a las direcciones adjuntas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el que alertó de la posibilidad de que la banda trate de atacar «durante el itinerario» de algún convoy de los que llevan a los trabajadores penitenciarios. En ese documento dispuso nuevas medidas de seguridad para proteger estos traslados.

La circular de Camacho fue redactada el 8 de junio, sólo dos días después de que el etarra Ignacio de Juana Chaos volviera a la cárcel de Aranjuez por orden de Interior tras haber estado recuperándose en un hospital de San Sebastián de su huelga hambre. El escrito fue entregado a las fuerzas de seguridad apenas 48 después de que la banda armada diera por terminado su alto el fuego permanente. La alerta antiterrorista sobre los funcionarios de prisiones también coincidió con el décimo aniversario de la liberación de José Antonio Ortega Lara.
Refuerzo de los controles

Tras las instrucciones de Interior, policías y, sobre todo, Guardia Civil han reforzado las escoltas durante los traslados de funcionarios y se han intensificados los controles e inspecciones en las inmediaciones de las prisiones y en las carreteras de acceso a los centros penitenciarios. Efectivos de los servicios de Información han establecido por su parte dispositivos de contravigilancia para detectar posibles informadores etarras en los itinerarios.Además, la dirección de Prisiones ha renovado las instrucciones sobre autoprotección para los funcionarios y ha recordado la necesidad de variar rutinas.

Los analistas de Interior, que reconocen no tener datos concretos sobre la preparación de un atentado, apuntan a que la banda terrorista pueda golpear a los funcionarios de prisiones como forma de mostrar su enfado después de que el Gobierno, durante los catorce meses de alto el fuego, no haya hecho un solo gesto en política penitenciaria. Por ello, los responsables de las fuerzas de seguridad insisten en que la alerta está «directamente relacionada» con el 'caso de De Juana' y con amenazas del entorno de ETA a funcionarios, vertidas tras su regreso a prisión.